Por Ivan Alvarenga NGupt


Por Ivan Alvarenga NGupt
Se suman denuncias por venta ilegal de leche en polvo. Se desvían de planes sociales a Paraguay o venta ilegal en Buenos Aires.
La diputada nacional por la Coalición Cívica, Patricia Bullrich, solicitó al gobierno de CFK que informe sobre la venta en Paraguay de cajas de leche en polvo donadas por el Gobierno bonaerense a escuelas e instituciones educativas provinciales con exclusivos fines benéficos, y cuya comercialización está expresamente prohibida.
En diálogo con El Enfiteuta, Bullrich explicó que el pedido de informes surgió luego de una denuncia pública del diario paraguayo ABC Color respecto de que cajas de leche en polvo, que fueron distribuidas por el Gobierno bonaerense para "paliar la situación social grave", se estaban comercializando en Paraguay.
Según consta en los fundamentos del proyecto, el diario paraguayo denunció que "sin ningún tipo de pudor se puede comprar leche entera de la marca Granja Blanca de 800 gramos ofrecida a 16 mil guaraníes [equivalentes a 9,60 pesos], aunque en la parte superior de la caja se encuentre inscripta la leyenda Prohibida su venta".
La diputada intenta establecer la responsabilidad de las autoridades nacionales en este supuesto hecho de comercio ilegal. "La venta de este producto demuestra claramente que hubo un caso de contrabando que involucra al Gobierno nacional, tanto por desconocimiento del caso como por eventual complicidad", destacó Bullrich.
En el caso de que las autoridades aduaneras, continúo la legisladora, desconozcan dicha situación queda reflejado el "alto grado de debilidad" de las medidas de control implementadas "toda vez que permiten la salida del país de productos cuyos envases están impreso con el logo del Gobierno bonaerense".
La iniciativa de Bullrich solicita, entre otras cosas, que se informe sobre si el Gobierno nacional ha tenido noticias de la salida del país de productos alimenticios donados por la gobernación de Daniel Scioli; qué medidas implementa la Aduana argentina para evitar posibles hechos de contrabando; qué denuncias de este tipo ha recibido el organismo en el último semestre y qué acciones impulsó al respecto; y si existe algún acuerdo binacional por el cual se envían productos alimenticios desde Argentina al país hermano.
El pedido tiene por objetivo, además, "despejar cualquier tipo de responsabilidad del Gobierno argentino en este caso de contrabando a fin de poder establecer si estamos frente a una acción deliberada de particulares que aprovechando la falla en los controles aduaneros realizan su negocio".
Ante la pregunta de El Enfiteuta sobre quiénes podrían estar implicados en estos hechos, Bullrich señaló al "Ministerio de Desarrollo Social bonaerense; personal de Aduanas; y beneficiarios directos del Plan de Ayuda Social" y agregó que el rol del Estado nacional para prevenir y controlar el contrabando es "poco eficiente y eventualmente cómplice".
"Todos los días entran y salen del país productos en forma ilegal, por lo que este no sería el único caso de contrabando denunciado", disparó la legisladora de la Coalición Cívica cuando se le preguntó sobre la frecuencia de este tipo de ilícitos.
La iniciativa de Bullrich está en sintonía con un pedido de informes que ya en abril último había presentado el diputado bonaerense por del ARI Sebastián Cinquerrui a raíz de que algunas investigaciones "permitieron determinar" que miles de kilos de leche en polvo del Plan Más Vida (programa asistencial destinado a niños con bajo peso), cuya distribución estaba a cargo del Ministerio de Desarrollo Social bonaerense, estaban siendo comercializados en el gran conurbano provincial.
Por este hecho, Cinquerrui también presentó una denuncia judicial por "presunta comisión del delito de defraudación contra la administración pública bonaerense" en sede del poder Judicial provincial.
Cinquerrui había explicado en diálogo con El Enfiteuta que "las empresas productoras –La Serenísima y SanCor- envían la leche en polvo a un depósito radicado en La Plata y desde allí se distribuye a los comedores infantiles, en cada una de estas instancias quienes reciben la mercadería deben firmar un acuse de recibo por lo que en condiciones normales debería ser muy fácil establecer dónde se produjo el desvío hacia el circuito ilegal de comercialización".
Los recientes casos de corrupción del gobierno nacional permiten aseverar que la corrupción estructural continúa en el manejo de los asuntos públicos. La Coalición Cívica desea expresar que la corrupción no es solo un problema relacionado con la ética y la moral individuales de los actores involucrados. Es ante todo un problema que afecta la vida cotidiana de toda la sociedad argentina.
¿Cómo afecta la corrupción en la vida de todos los argentinos?
La corrupción implica en primer término un deterioro de las condiciones materiales de vida de los ciudadanos. El dinero público saqueado por los funcionarios es dinero que no va a la infraestructura escolar, al aumento de los salarios docentes, a las becas de estudio, a las raciones de comida de las familias indigentes, a los insumos hospitalarios básicos del sistema de salud, al aumento de jubilaciones y pensiones. El dinero que se roba al pueblo es dinero que no vuelve a la sociedad en políticas públicas efectivas que solucionen las problemáticas concretas. ¿Cuántas escuelas se pueden construir con el dinero robado? ¿Cuántos hospitales se pueden mejorar con ese dinero? ¿Cuántos niños podrían volver a la escuela? ¿Cuánta comida se podría ofrecer? ¿Cuántas vidas se pueden salvar corrigiendo los desvíos fraudulentos? Un niño que no estudia, un niño que no se alimenta y un enfermo que muere también es responsabilidad de la corrupción de los funcionarios que han optado por el saqueo.
La corrupción supone en segundo término una pérdida de calidad institucional. Los funcionarios que no cumplen con sus deberes en forma apropiada deterioran la legitimidad de las instituciones republicanas y democráticas. Un legislador que recibe una coima para votar una ley contribuye a la erosión de la imagen institucional del Congreso frente a la sociedad. Los colaboradores ejecutivos del presidente que viajan con valijas repletas de dólares no declarados contribuyen a generar una pérdida de legitimidad de la institución presidencial. Los jueces que no aplican la justicia de forma proba ayudan a profundizar la desconfianza de la ciudadanía en los fueros judiciales. La corrupción estructural mina la confianza de los argentinos en sus instituciones y agudiza la separación entre representantes y representados. La corrupción hace que las instituciones sean percibidas con recelo y desconfianza; y en una sociedad que no confía en sus instituciones el resultado se vuelve previsible: la anomia se apropia de las relaciones sociales, el individualismo se exacerba y todo vivimos una “guerra de todos contra todos”.
Finalmente, la corrupción impacta en el desarrollo económico. Se ha comprobado que un estado transparente y eficiente puede generar reglas claras para todos los actores económicos. Un estado que propone tales reglas, es un estado que propone la conformación de mercados de competencia leal, en los cuales se ven beneficiados los capitalistas que apuestan por dicha competencia y los consumidores que se ven liberados de tendencias monopólicas u oligopólicas. La corrupción de los funcionarios públicos conduce inexorablemente a la formación de redes de corrupción en las cuales los empresarios se transforman en piezas vitales. El desarrollo económico basado en la competencia abierta y transparente genera un sector económico altamente competitivo a nivel internacional; que no requiere de protecciones especiales por parte del estado. Un estado que se libera de la corrupción estructural desata gran parte de las redes de corrupción en los que se afincan los intereses capitalitas mezquinos, y posibilita un desarrollo económico con equidad distributiva.
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