Los recientes casos de corrupción del gobierno nacional permiten aseverar que la corrupción estructural continúa en el manejo de los asuntos públicos. La Coalición Cívica desea expresar que la corrupción no es solo un problema relacionado con la ética y la moral individuales de los actores involucrados. Es ante todo un problema que afecta la vida cotidiana de toda la sociedad argentina.
¿Cómo afecta la corrupción en la vida de todos los argentinos?
La corrupción implica en primer término un deterioro de las condiciones materiales de vida de los ciudadanos. El dinero público saqueado por los funcionarios es dinero que no va a la infraestructura escolar, al aumento de los salarios docentes, a las becas de estudio, a las raciones de comida de las familias indigentes, a los insumos hospitalarios básicos del sistema de salud, al aumento de jubilaciones y pensiones. El dinero que se roba al pueblo es dinero que no vuelve a la sociedad en políticas públicas efectivas que solucionen las problemáticas concretas. ¿Cuántas escuelas se pueden construir con el dinero robado? ¿Cuántos hospitales se pueden mejorar con ese dinero? ¿Cuántos niños podrían volver a la escuela? ¿Cuánta comida se podría ofrecer? ¿Cuántas vidas se pueden salvar corrigiendo los desvíos fraudulentos? Un niño que no estudia, un niño que no se alimenta y un enfermo que muere también es responsabilidad de la corrupción de los funcionarios que han optado por el saqueo.
La corrupción supone en segundo término una pérdida de calidad institucional. Los funcionarios que no cumplen con sus deberes en forma apropiada deterioran la legitimidad de las instituciones republicanas y democráticas. Un legislador que recibe una coima para votar una ley contribuye a la erosión de la imagen institucional del Congreso frente a la sociedad. Los colaboradores ejecutivos del presidente que viajan con valijas repletas de dólares no declarados contribuyen a generar una pérdida de legitimidad de la institución presidencial. Los jueces que no aplican la justicia de forma proba ayudan a profundizar la desconfianza de la ciudadanía en los fueros judiciales. La corrupción estructural mina la confianza de los argentinos en sus instituciones y agudiza la separación entre representantes y representados. La corrupción hace que las instituciones sean percibidas con recelo y desconfianza; y en una sociedad que no confía en sus instituciones el resultado se vuelve previsible: la anomia se apropia de las relaciones sociales, el individualismo se exacerba y todo vivimos una “guerra de todos contra todos”.
Finalmente, la corrupción impacta en el desarrollo económico. Se ha comprobado que un estado transparente y eficiente puede generar reglas claras para todos los actores económicos. Un estado que propone tales reglas, es un estado que propone la conformación de mercados de competencia leal, en los cuales se ven beneficiados los capitalistas que apuestan por dicha competencia y los consumidores que se ven liberados de tendencias monopólicas u oligopólicas. La corrupción de los funcionarios públicos conduce inexorablemente a la formación de redes de corrupción en las cuales los empresarios se transforman en piezas vitales. El desarrollo económico basado en la competencia abierta y transparente genera un sector económico altamente competitivo a nivel internacional; que no requiere de protecciones especiales por parte del estado. Un estado que se libera de la corrupción estructural desata gran parte de las redes de corrupción en los que se afincan los intereses capitalitas mezquinos, y posibilita un desarrollo económico con equidad distributiva.
